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En los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados al partido hegemónico Morena. Es decir, se registra un caso de censura cada tres semanas.
De acuerdo con Artículo 19, esos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos.
“Las conferencias han sido el principal escenario para la deslegitimación de la prensa, aunque Claudia Sheinbaum ha intentado cambiar el tono de las mañaneras, la sección El detector de mentiras mantiene la lógica de desacreditar el trabajo periodístico, reproduciendo la estrategia de su predecesor”, destaca el reporte Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, de la organización internacional.
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Las embestidas por acallar a la prensa llegan a tal grado que, el martes pasado, al periodista campechano Jorge Luis González una jueza le impuso nuevas medidas cautelares: el programa Expedientes, que transmite todos los martes a través de una plataforma, deberá contar con un censor y sus notas tendrán que ser revisadas antes de su publicación.
“Cada vez es más común que se denuncie, aunque todavía encontramos cierto temor en algunos contextos donde hay mayor control de las autoridades y pues también más control del crimen organizado, porque hay que recordar que las formas de censura no son sólo a través de las acciones judiciales que se han incrementado de manera importante en estas últimas semanas, sino que vienen en diferentes formas de violencia, incluso física. Entonces, sigue habiendo cierta reticencia, pero definitivamente es mucho mayor la disposición de la prensa a denunciar la censura en los últimos años”, afirma Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica
En 2024 se registraron 21 casos de censura contra periodistas, mientras que durante 2025 están contabilizados seis casos: Mauricio Olguín, en Sonora; Celia del Palacio Montiel, en Veracruz; Jorge Luis González, en Campeche; Héctor de Mauléon y EL UNIVERSAL; Al Calor Político y Ángel Camarillo en Veracruz, y el de Hernán Gómez.
Hace tres semanas, la presidenta Sheinbaum descalificó a los críticos de su gobierno al señalar que se pueden realizar todos los cuestionamientos porque existe respeto hacia la libertad de expresión: “Ahora viene lo siguiente: ¡censura! Censura en Puebla, censura en Campeche (...), ya ahora es el nuevo tema de crítica al gobierno. La libertad de expresión siempre la vamos a defender”, dijo la Jefa del Ejecutivo federal.
A juicio de Maldonado, esas declaraciones son completamente falsas, al argumentar que durante muchos años México ha acumulado una serie de agresiones contra periodistas que Artículo 19 ha registrado y publicado puntualmente.
“Estamos hablando de que cada 12 o 14 horas se agrede a la prensa. Además, es el país en donde más se embaten periodistas sin una guerra declarada, y ahora con esta andanada de acciones judiciales se están escalando todas las estrategias de censura desde el poder. Entonces, no es verdad de que aquí no se censura a nadie”, comenta.
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El pasado martes la jueza de Control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May le impuso en Campeche al periodista Jorge Luis González nuevas medidas cautelares; sin embargo, subrayó a EL UNIVERSAL que no las acatará; “sería tanto como renunciar a mis garantías individuales de expresarme libremente”, afirmó.
Director durante más de 30 años del diario Tribuna Campeche, González considera como un atropello el fallo impuesto por la jueza, al señalar que para ser aprobada una nota que vaya a publicar tendrán que pasar de 24 a 48 horas: “¿Y qué pasaría con la nota? ¿Cómo queda? Ya no sería noticia, lo que hoy es noticia, mañana es historia”, subraya.
De 71 años, el periodista, con más de 50 años en el oficio expone que en esa entidad gobernada por la morenista Layda Sansores “se intenta apagar el comentario, la noticia, que no haya absolutamente nada que perjudique, moleste, que irrite a la gobernadora Layda Sansores San Román”.
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Otro caso relevante en las últimas semanas fue el del escritor, periodista y columnista Héctor de Mauleón y El Gran Diario de México por publicar una columna en la que reveló información de la Secretaría de la Defensa Nacional que vincula a Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Contreras López, quien ocupará la presidencia del Poder Judicial de Tamaulipas, con una red de huachicol; Contreras López amenazó y demandó a De Mauleón y a esta casa editorial por violencia política de género y exigió bajar la columna del pasado 1 de mayo con el título “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que abordó los presuntos vínculos de familiares de Contreras López con redes de corrupción y contrabando de combustibles.
“Todo esto se suma a un inocultable patrón de censura que se explota por todas partes contra periodistas, medios y ciudadanos que han hecho comentarios en redes sociales, todo esto por parte de un régimen que todos los días se dice y se presume democrático, pero que lo que hace a diario es dar muestras de intolerancia, persecución, censura y represión”, indica De Mauleón.
Enfatiza que el país enfrenta actos de autoritarismo completamente desmedidos, abusos de poder que ya no son casos aislados, sino parte de un patrón claramente establecido, pues los casos de persecución, represión y censura se multiplican a lo largo y ancho de México. Expone que los gobiernos de la 4T usan sin escrúpulos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para amedrentar, perseguir y amordazar periodistas críticos, agrega.
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Remarca que le han quitado los micrófonos a más de 35 analistas y comentaristas de radio y televisión que mantenían una actitud crítica frente al gobierno. La embestida alcanzó a la periodista Rubí Soriano, quien en febrero pasado recibió una notificación del Instituto Electoral del Estado de Puebla sobre una queja presentada en su contra por la diputada local morenista Elvia Graciela Palomares Ramírez por presunta violencia política en razón de género, debido a una publicación en su cuenta de X, en la que mencionó el paso de Palomares Ramírez por el PRI, Nueva Alianza, MC y ahora Morena.
“Esto es un riesgo para el ejercicio periodístico: sentar un mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como ardid para evadir críticas, cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos”, considera.
Con más de 38 años de ejercicio periodístico, Soriano, quien dirige la plataforma Los Alquimistas del Poder y escribe para la agencia Uypress, de Uruguay, refiere que la erradicación de la violencia política de género no debe desvirtuar su propósito y utilizarse como un instrumento de presión, mordaza u hostigamiento en contra de otras mujeres.
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Asegura que “tenemos un gran reto y los ciudadanos para emprender una defensa real de derechos en torno al ejercicio de la libertad de expresión. Considero que es momento de armar esta organización a nivel nacional, que pueda proyectar a nivel internacional lo que hoy estamos viviendo. Alzar la voz y ventilar lo que hoy se está haciendo contra de la libertad de expresión en México.
“Cada 10 horas un periodista sufre una agresión, eso da una idea de que en el país, el periodismo es una de las profesiones más difíciles de ejercer”, subraya.
Durante los últimos dos años, Yair Licona, conductor de noticias en la plataforma Telebyn y en su portal RH Comunicaciones, se enfrentó a varias denuncias, una de ellas por daño moral presentada por una candidata a legisladora de Morena en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, por revelar sus propiedades.
“Como periodistas enfrentamos un panorama muy negro para la libertad de expresión, creo que estamos a nada de una dictadura pero lo peor de todo es que estamos en un riesgo inminente”, asegura.
